El Gobierno de Estados Unidos sigue adelante con su feroz cruzada contra la diversidad y a través de sus embajadas estaría presionando a empresas de todo el mundo para que corten amarras con sus programas DEI (diversidad, equidad e inclusión). La nueva Administración Trump habría ordenado a las embajadas de Estados Unidos repartidas por todo el globo que insten a las empresas con las que estas colaboran de manera habitual a dar carpetazo a sus programas de diversidad.
«La Embajada de Estados Unidos en España, como el resto de nuestras embajadas en todo el mundo, está comunicando a sus proveedores locales de productos y servicios las nuevas normas que el presidente Donald Trump ha introducido por decreto», confirmaba ayer un portavoz de la embajada del país norteamericano en Madrid.
El hecho que el Ejecutivo de Estados Unidos esté presionando, con la mediación de sus embajadas, a empresas de todos los rincones del planeta para que acaten las nuevas normas de diversidad aprobadas por Trump está siendo confrontadas con las críticas de algunos gobiernos extranjeros. Y el Gobierno español ha sido uno de los primeros en dar la voz de alarma. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha denunciado ya que las presiones ejercidas desde el Gobierno de Estados Unidos constituyen un quebrantamiento flagrante de las estrictas leyes antidiscriminación vigentes actualmente en España. Y en este sentido, aquellas empresas que decidan doblegarse a las presiones de Estados Unidos en materia de diversidad se arriesgan a ser investigadas por las autoridades españolas.
Las presiones de Estados Unidos a empresas extranjeras están siendo contestadas por las autoridades europeas
En enero de este año, poco después de tomar posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, Trump ordenó a las agencias federales dependientes del gobierno que finiquitasen todos sus programas DEI. Y aprobó asimismo una orden ejecutiva que dejó huérfanos de validez decretos aprobados por anteriores presidentes que llevaban en vigor en algunos casos desde hace varias décadas y que velaban por la igualdad de oportunidades en la contratación de personal para evitar la discriminación desde el punto de vista del color de la piel, el género o la religión. El objetivo de la controvertida orden ejecutiva de Donald Trump es disuadir a las empresas que se benefician de contratos gubernamentales de reclutar a trabajadores adscritos a minorías. Según la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, los programas DEI promueven la «discriminación ilegal y el trato preferencial» de algunos ciudadanos a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo.
«Queremos garantizar que los contratos que rubricamos con nuestros proveedores acaten las leyes federales antidiscriminación actualmente en vigor en Estados Unidos y que las empresas con las que colaboramos no cuenten con programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, pues ello supone una infracción de las normas», insiste un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en España.
El Departamento de Estado de Estados Unidos estaría haciendo llegar a empresas de todo el mundo través de sus embajadas cuestionarios en las que están deben confirmar si están cumpliendo o no con las regulaciones antidiscriminación actualmente vigentes allende los mares. Tales cuestionarios estarían siendo remitidos a compañías de todos los ámbitos de actividad, desde proveedores de agua y electricidad a empresas de catering, pasando por diarios a los que están suscritas las embajadas de Estados Unidos.
De acuerdo con el rotativo francés Les Echos, en Francia habrían recibido tan controvertidos cuestionarios varias empresas, entre ellas la multinacional de telecomunicaciones Orange. Y el Gobierno francés, como el español, se ha negado de manera tajante a plegarse a las exigencias de Estados Unidos. «La interferencia de Estados Unidos en las políticas de inclusión de las empresas francesas, así como la amenaza de aranceles injustificados, son inaceptables», subraya el ministro galo responsable de Comercio Exterior. «En Francia y en Europa defendemos a nuestras empresas y a nuestros consumidores y también a sus valores», insiste el ministro.





