La Comisión Europea (CE) quiere que los consumidores se topen de bruces con menos dificultades a la hora de cancelar suscripciones en la red de redes y robustecer asimismo sus derechos en relación con las compras en línea (para evitar que los retailers les presionen a la hora de acometer tales compras).
Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores del Ejecutivo comunitario, presentaba esta miércoles el borrador de la nueva Ley de Equidad Digital (DFA) y la definía como la reforma más importante de la normativa europea de protección del consumidor en más de 20 años. «Esperamos que las medidas incluidas en la DFA ahorren a los consumidores de la Unión Europea hasta 13.700 millones de euros cada año», aseveraba McGrath.
La DFA protege al consumidor de los «patrones oscuros» en la red de redes
Apoyándose en la DFA Bruselas aspira a proteger a los consumidores de la manipulación ejercida por los denominados «patrones oscuros» que están agazapados en la red de redes. Tales «patrones oscuros» son elementos de diseño cuyo último objetivo es influir en el comportamiento del consumidor de tal forma que éste pierda el control de lo que sucede y acabe seleccionando involuntariamente opciones que benefician al proveedor.
La DFA prevé, por otra parte, medidas contra las prácticas habitualmente utilizadas por las empresas cuando el consumidor desea poner término a un contrato en internet (una suscripción a una plataforma de vídeo en streaming, por ejemplo). Frases como «Lamentamos decirte adiós» estarán expresamente prohibidas. De acuerdo con la Comisión Europea, cancelar un contrato no debería ser notablemente más complicado que iniciarlo y deberían bastar unos pocos clics para anularlo.
El consumidor estará protegido de los trucos habitualmente utilizados por los retailers en la red
Los trucos de los que se valen los retailers online para crear la ilusión de escasez («Sólo dos artículos en stock», por ejemplo) y mover al consumidor a cerrar la compra cuanto antes estarán vetados también en el futuro, de acuerdo con lo previsto en la DFA.
Además, a la hora de comprar entradas online, el número de entradas disponibles al precio más bajo y al precio más alto deberá estar convenientemente indicado por parte de quien las comercializa. La CE desea combatir de esta forma la especulación en los precios mediante el denominado «pricing» dinámico. Esta práctica, muy habitual en la venta de entradas en línea, cambia los precios en función de la demanda, la hora del día o el número de entradas disponibles.
Por otro lado, los usuarios de las redes sociales deberán tener la potestad de desactivar funciones como el «scroll» infinito o la reproducción automática de vídeos, de las que se valen habitualmente los gigantes 2.0 para que el usuario pase el mayor tiempo posible en sus dominios.
La nueva norma prevé asimismo que todo aquel usuario que haya iniciado una relación contractual con una empresa tendrá el derecho de hablar con una persona de carne y hueso en caso de bregar con problemas. La CE desea dar alto de esta forma a los sistemas de atención al cliente que operan exclusivamente con el soporte de la IA u otra tecnología.
Multas equivalentes a hasta el 6% de la facturación anual de las empresas sancionadas
Los consumidores retendrán, por otra parte, todos sus derechos cuando los cada vez más ubicuos agentes de IA ejecuten compras online en su nombre. Y mantendrán igualmente el control sobre las acciones acometidas por los agentes de IA (estableciendo, por ejemplo, un límite de precis en las compras que estos lleven a cabo). La DFA prohibirá asimismo a los retailers ofrecer determinados productos y descuentos única y exclusivamente mediante compras ejecutadas por agentes de IA.
La CE propone además en la DFA que en el futuro debería estar autorizada a iniciar por su propia cuenta investigaciones contra aquellas empresas que no cumplen adecuadamente las normas del consumidor. Hasta ahora la aplicación de tales normas había sido responsabilidad principalmente de las autoridades nacionales de los países miembros de UE. De acuerdo con la DFA, en determinados casos transfronterizos que impliquen daños especialmente graves, Bruselas debería tener la potestad de imponer multas. Y tales multas podrán tener un monto equivalente a hasta el 6% de la facturación anual a escala global de las empresas sancionadas.
Una vez presentada la DFA, el Parlamento Europeo y los estados miembros deberán revisar ahora la propuesta, cuya aprobación podría demorarse varios meses e incluso años.
