La Comisión Europea tiene en el horno una nueva normativa, la Ley de Equidad Digital (DFA), que prevé la imposición de severas multas a aquellas empresas que se apoyen en «patrones oscuros» en la red de redes a fin de engañar potencialmente al usuario, presionarle para formalizar compras en línea o persuadirle de permanecer más tiempo en internet.
El contenido del borrador de la DFA, que el comisario europeo de Justicia Michael McGrath presentará oficialmente este miércoles, ha sido revelado parcialmente por la agencia Reuters. Una vez presentado, ese borrador deberá recibir el visto bueno de los estados miembros de la Unión Europea (UE) y del Parlamento Europeo.
La DFA está anclada en un informe publicado por Bruselas en 2024 que concluyó que el diseño adictivo y los «patrones oscuros» existentes en la red de redes estaban alentando la manipulación del consumidor en los entornos en línea y que la legislación vigente era demasiado endeble para abordar esta problemática.
Los patrones oscuros serán considerados prácticas comerciales desleales, de acuerdo con la DFA
En virtud de la DFA, los denominados «patrones oscuros» de los que se valen las empresas en internet se considerarán prácticas comerciales desleales, y como tales, estarán sujetos a restricciones.
El concepto de «patrones oscuros» al que alude la DFA se refiere al diseño de webs y aplicaciones cuyo último objetivo es manipular al consumidor y persuadirle de llevar a cabo más compras (la ocultación de precios reales, las notificaciones «fake» o la dificultad para cancelar suscripciones, por ejemplo). La reproducción automática de contenido y los sistemas de recompensas para inicios de sesión diarios deberán ser además de natural opcional en el futuro.
De acuerdo con Reuters, con la DFA la Comisión Europea tiene asimismo intención de dar el alto a la publicidad personalizada dirigida a niños o a consumidores particularmente vulnerables.
La norma del Ejecutivo comunitario coloca igualmente en la mirilla a los sistemas de IA capaces de simular la forja de relaciones personales a fin de animar al consumidor a interactuar con tales sistemas durante más tiempo.
Por otra parte, aquellas webs o aplicaciones que propugnen los precios dinámicos (en la venta de entradas, por ejemplo) deberán revelar cuántas entradas están de verdad disponibles al precio anunciado.
Con las medidas previstas por la DFA los usuarios tendrán un mayor control sobre sus «feeds», pues en el futuro las compañías estarán obligadas a permitir que el consumidor desactive aquellas funciones que alientan las compras compulsivas o el uso excesivo de la red de redes.
Los menores de edad no podrán ser confrontados con anuncios personalizados en la redes y, para cancelar una suscripción, el internauta no deberá internarse necesariamente en un auténtico laberinto de clics. Además, a hora de comprar entradas, las empresas deberán dejar claro en todo momento si el precio que promocionan en sus páginas web se aplica o no sólo a tres entradas, por ejemplo.
La DFA prevé multas equivalentes a hasta el 6% de la facturación de las empresas afectadas
La nueva DFA supone inevitablemente un varapalo para empresas como Meta, Google y TikTok, cuyos modelos de negocio están en buena medida a merced del tiempo que el usuario pasa en sus respectivas plataformas, que se apoyan muy a menudo en prácticas como la reproducción automática de contenido y los incentivos para animar al usuario a conectarse diario a la red de redes (y acumular de esta manera rachas). Si en el futuro, y tal y como prevé la DFA, el internauta tiene la posibilidad de desactivar este tipo de funciones, las métricas de tiempo y retención del usuario de las «Big Tech» podrían verse afectadas.
El hecho de la DFA prohíba la publicidad personalizada dirigida a los menores en internet obliga igualmente a las plataformas online a identificar a aquellos usuarios que son menores de edad (algo que Meta ya está haciendo a día de hoy con el soporte de la IA).
Los proveedores de chatbots de IA y las plataformas de comercio electrónico con precios dinámicos se verán afectados igualmente por la nueva norma de Bruselas.
La DFA prevé multas equivalentes a hasta el 6% de su facturación anual para aquellas empresas que incumplan sus preceptos. Hablamos, por lo tanto, de multas potencialmente muy elevadas, que estarán a la altura en cuanto a cuantía de las previstas por la Ley de Servicios Digitales (DSA).
En todo caso, a la hora de aplicar la nueva norma, resultará crucial no sólo aquello que ésta regula, sino cómo lo regula. Los diseños online de naturaleza adictiva deberán, por ejemplo, ser susceptibles de ser desactivados. Y la cuestión relevante en este asunto en particular no será tanto la desactivación de funciones como el lugar dónde será posible esa desactivación. Si la desactivación implica mucho esfuerzo por parte del internauta (o está muy escondida), la medida difícilmente tendrá consecuencias para las métricas manejadas por plataformas como Instagram y TikTok (por los que las consecuencias de la DFA serían potencialmente nulas para ellas, que no es obviamente la intención de la Comisión Europea).
