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LA AECE, CONTRA LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

La Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE) acaba de difundir un comunicado en el que explican cual es su posición frente a la nueva Directiva Europea de Comercio Electrónico. Piden, básicamente, que en las transacciones comerciales se apliquen las leyes del país de origen de la empresa comerciante, en lugar de la legislación del país del comprador; y que no se legisle nacionalmente el envío de e-mails con fines comerciales.
Todas las empresas europeas de comercio electrónico y marketing directo apoyan estas propuestas.
Reproducimos aquí el comunicado que nos ha sido enviado por amabilidad de AECE:

“La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la propuesta de redacción de la Directiva Europea de Comercio Electrónico. Con esta Directiva la Comisión deja claro que los Estados Miembros no pueden imponer limitaciones a la libre circulación de servicios y productos en la Sociedad de la Información. Además, el texto propuesto por la Comisión trata la armonización comunitaria de cuestiones como la responsabilidad legal, las comunicaciones comerciales y la protección al consumidor.

Sin embargo, la propuesta de la Comisión establece dos excepciones a la libre circulación de bienes y servicios en el Mercado Común que suponen una amenaza para el desarrollo del mercado interior europeo en el Comercio Electrónico. Estas excepciones son:
-Las obligaciones contractuales con los consumidores de otros estados miembros.
-La regulación de los mensajes no solicitados de e-mail o comunicaciones individuales equivalentes.

La primera excepción significa en la práctica que cualquier oferta comercial online debe cumplir todas las legislaciones aplicables de todos los países de la Unión Europea. Así, si una empresa española quiere ofrecer sus productos en Internet, esta oferta debe ajustarse a la legislación del país de origen, en este caso España. Sin embargo, si un consumidor alemán entra en su web y se pone en contacto con esta misma empresa para comprarle uno de sus productos online -por ejemplo, un libro en español que no puede comprar en Alemania- el acto de la compra debe someterse a la legislación del país de destino, en este caso a la ley alemana.
Parece obvio que de aprobarse esta Directiva en su actual redacción, las PYMES españolas – para las que Internet debe convertirse en una importante fuente de ingresos -se verán obligadas a limitarse al mercado español ante la imposibilidad de adaptar sus contratos de compra a las 15 legislaciones nacionales sobre comercio minorista de cada estado miembro.
Además, esta excepción implica una grave posición de desventaja de las empresas con sede comunitaria frente a las de países terceros, que no están obligadas a tener en cuenta la legislación nacional de cada uno de sus consumidores.
Por otro lado, no parece lógico que un comerciante quede vinculado por leyes de un país en el que no ha comercializado sus productos, puesto que es el consumidor el que se dirige a la empresa al introducirse en la web sin que ésta haya realizado una oferta ni desarrollado una actividad publicitaria en ese país que le obligue a asumir su legislación.
Por último, se da el caso de que estamos ante una materia -la legislación aplicable en la venta a distancia- ya armonizada por la UE a través de las Directivas comunitarias sobre venta a distancia, contratos a distancia y cláusulas abusivas, que contienen argumentos que apoyan el régimen de la ley de origen.

La segunda excepción a la libre circulación es el paquete de medidas sobre e-mail. La propuesta de Directiva abre la posibilidad de que cada Estado miembro establezca reglamentos específicos sobre el uso comercial del e-mail, limitando la libre circulación de servicios. Sin embargo, esta cuestión ya está armonizada en la legislación comunitaria por la Directiva de Protección de Datos y la Directiva de Venta a Distancia. Además, las asociaciones sectoriales europeas están elaborando un Código Ético de Protección de Datos en Internet para autorregular el sector en toda la UE, en base al Código elaborado por AECE. Ante esta situación, la proliferación de regulaciones nacionales sobre una cuestión ya legislada a nivel europeo sólo serviría para entorpecer el uso comercial de Internet sin añadir garantías adicionales para los consumidores, puesto que éstas a se encuentran recogidas en los textos legales anteriormente citados.
Las dos directivas antes mencionadas se crearon precisamente para estimular la armonización de las legislaciones nacionales y establecer unos puntos de partida en base a los cuáles actuar en todo el mercado único. La limitación a nivel nacional del uso del e-mail obstruye esta tendencia y se contradice con estas recientes directivas.

Por todo ello, tanto AECE como sus homólogas europeas han presentado una serie de enmiendas a la Directiva elaborada por la Comisión en las que, sin poner en duda la necesidad de una Directiva sobre Comercio Electrónico que armonice las legislaciones nacionales para favorecer la creación de un Mercado Común también en Internet, mantenga el principio de ley de origen. De esta manera AECE propone que, cuando el producto no ha sido comercializado en un determinado país -es el consumidor el que entra en una web de otro país comunitario para comprar un bien determinado- se aplique la legislación del país de origen de la oferta. Para garantizar los derechos del consumidor, los webs comerciales deberán informar de las garantías legales que protegen al consumidor en el país de origen, así como indicar claramente el país donde se radica su establecimiento y una dirección física ante la que poder presentar reclamaciones en caso de no sentirse satisfecho con los servicios recibidos.

Por último, tanto AECE como las restantes Asociaciones europeas han propuesto la creación de un mecanismo de arbitraje a través de Internet, que debe ser promovido como una forma rápida y especializada de resolución de disputas”.

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con la AECE. Tel.: 93 240 40 70.

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