El juicio contra Meta avanza con el enfrentamiento entre dos versiones radicalmente opuestas sobre el impacto de Facebook e Instagram en los menores. Mientras los fiscales sostienen que la compañía desarrolló deliberadamente mecanismos para mantener a niños y adolescentes conectados durante más tiempo y que conocía los riesgos asociados a estas prácticas, la tecnológica niega haber creado sus plataformas con el objetivo de generar adicción y cuestiona las pruebas presentadas por los estados.
El proceso, iniciado en un tribunal federal de Oakland, está promovido por una coalición de 29 estados de Estados Unidos. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey lideran esta primera fase del litigio, en la que los fiscales intentarán demostrar que determinadas decisiones de diseño de Facebook e Instagram contribuyeron a un uso compulsivo entre los usuarios más jóvenes.
Los fiscales apuntan directamente al diseño de las plataformas
Durante la apertura del juicio, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, presentó ante el jurado la estrategia empresarial que, según los estados demandantes, habría guiado el desarrollo de las plataformas. A su juicio, Meta habría priorizado el tiempo de permanencia y la recopilación de datos frente a la seguridad de los menores.
O’Neill explicó que la estrategia consistía en «enganchar a los usuarios, retenerlos durante el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y después ocultar la verdad al público». La fiscal añadió que esta fórmula «funcionó especialmente bien con los niños”»
Los estados consideran que esta estrategia se habría materializado en diferentes elementos de las aplicaciones, entre ellos los algoritmos de recomendación personalizados, las stories, las notificaciones push, el desplazamiento infinito y los vídeos cortos. Según la acusación, estas herramientas favorecerían que los menores permanecieran más tiempo dentro de las plataformas y regresaran a ellas de manera recurrente.
Un antiguo ingeniero de Meta declara contra la compañía
Uno de los testimonios que más peso ha adquirido en el inicio del proceso corresponde a Arturo Bejar, antiguo ingeniero de seguridad de Meta y primer testigo del juicio.
Bejar aseguró que el conocido lema corporativo “muévete rápido y rompe cosas” seguía teniendo presencia en la cultura de la compañía. En concreto, señaló que la seguridad de los usuarios «no fue una consideración» cuando Instagram introdujo inicialmente Reels.
Su declaración busca respaldar la tesis de los estados de que Meta habría concedido prioridad al crecimiento y a la interacción frente a la protección de los usuarios más jóvenes. El testimonio también puede resultar relevante para determinar hasta qué punto las cuestiones relacionadas con la seguridad se tenían en cuenta cuando la compañía incorporaba nuevas funcionalidades.
Meta cuestiona las pruebas sobre salud mental
La defensa de la compañía ha planteado una estrategia muy diferente. El abogado de Meta, Paul Schmidt, reconoció que existen usuarios que pueden experimentar dificultades para controlar su uso de las plataformas, pero rechazó que las investigaciones permitan establecer una relación directa entre el uso de las redes sociales y un empeoramiento del bienestar de los adolescentes.
«No hay discusión» sobre el hecho de que algunos usuarios tienen dificultades con el uso de las plataformas, afirmó Schmidt. Sin embargo, el abogado sostiene que reconocer este problema no demuestra que Meta haya diseñado deliberadamente sus servicios para provocar adicción ni que las plataformas sean responsables de los problemas de salud mental que afectan a los menores.
La defensa también pretende desvincular las decisiones de diseño de cualquier supuesto propósito de perjudicar a los usuarios. Schmidt defendió que el objetivo de Mark Zuckerberg es mejorar los productos de la compañía y no convertirlos en servicios perjudiciales. En este sentido, afirmó que los empleados de Meta «no creen que les vaya a ir bien si a la gente no le gusta su servicio».
La privacidad de los menores, otro frente de la demanda
El proceso no gira únicamente en torno a la posible adicción a las redes sociales. Los fiscales también acusan a Meta de haber incumplido la legislación estadounidense destinada a proteger la privacidad de los menores en internet.
En concreto, los estados sostienen que la compañía sabía que niños menores de 13 años utilizaban sus plataformas y, pese a ello, habría recopilado y utilizado sus datos personales sin contar con el consentimiento de sus padres. La acusación considera que esta práctica vulneraría la ley federal de protección de la privacidad infantil en internet, conocida como COPPA, además de otras normas de protección de los consumidores.
Los demandantes sostienen asimismo que Meta habría minimizado públicamente los riesgos asociados al uso de sus plataformas mientras conocía la presencia de menores entre sus usuarios. Para los fiscales, esta supuesta contradicción constituye uno de los elementos centrales del caso.
Una batalla judicial que podría costarle miles de millones
El impacto económico del juicio podría ser extraordinario. Meta ha calculado que las posibles sanciones derivadas del conjunto de las reclamaciones podrían alcanzar hasta 1,4 billones de dólares, una cantidad cercana a la valoración de mercado de la compañía.
Los fiscales, sin embargo, manejan una estimación considerablemente inferior. Según su planteamiento, las posibles penalizaciones podrían situarse alrededor de los 200.000 millones de dólares, una cifra que seguiría teniendo un impacto enorme sobre las cuentas de la tecnológica.
Más allá de la cuantía definitiva, el resultado del proceso podría tener consecuencias para toda la industria de las redes sociales. Una eventual victoria de los estados podría abrir la puerta a nuevas exigencias sobre el diseño de estas plataformas, especialmente en lo relacionado con los menores, la recopilación de datos y los mecanismos destinados a aumentar la interacción.
Con el juicio todavía en sus primeras etapas, el enfrentamiento entre Meta y los estados demandantes se perfila así como una batalla no solo por una posible indemnización multimillonaria, sino también por determinar hasta qué punto las grandes plataformas tecnológicas deben responder por las consecuencias de las decisiones que toman sobre el diseño de sus productos.
