Elon Musk, propietario de marcas como Tesla o X, está agitando de nuevo a Open AI. Después de haber propuesto a principios de esta semana su compra por cerca de 100.000 millones de dólares, ahora se muestra dispuesto a echarse atrás si se cumple un requisito: que la empresa propietaria de ChatGPT mantenga su actual estructura corporativa, la de una organización sin ánimo de lucro.
Hay mucha tela por cortar en este asunto. Por una parte, cabe resaltar el vínculo que tuvo en el pasado el multimillonario sudafricano con el director ejecutivo de la firma de inteligencia artificial, Sam Altman. Ambos fueron socios, ya que Musk cofundó con él Open AI en 2015 junto con otras personas. En 2018, después de una guerra interna, se desvinculó del proyecto. Pero años más tarde, le interesa de nuevo. Sin embargo, los dos magnates ya han pasado de ser compañeros, a enemigos.
Cuando hace apenas una semana, el empresario que se ha convertido en pilar del gobierno de Donald Trump lanzó su propuesta para adquirir Open AI por 97.400 millones de dólares, parece que Sam Altman no encajó bien la oferta económica y la habría considerado muy inferior a su valor real. Los abogados de Musk confirmaron que se trataba de una proposición sólida, no una mera provocación dialéctica. El programador estadounidense le contestó a través de un post de X: «No, gracias. Pero podemos comprar Twitter por 974.000 millones de dólares si tú quieres». Pero todo es mucho más complejo y la batalla en los tribunales está enturbiando el asunto.
¿Qué está pasando con Open AI y por qué a Musk le interesa?
Elon Musk está dispuesto a arruinar los planes de Altman de convertir la rama comercial de la startup en una Corporación de Beneficio Público (PBC). OpenAI sí tiene ánimo de lucro para poder desarrollar su tecnología, pero la junta que lidera su control recae sobre la organización sin fines de lucro a la que pertenece. El empresario estadounidense pretende escindirse para que su rumbo pueda ser decidido por los inversores, entre los que está, por ejemplo, Microsoft.
Para conseguir este cambio su estructura, OpenAI tendría que indemnizar a la organización sin ánimos de lucro que estaría dejando atrás, lo que supondría rascarse el bolsillo para poder ganar esa autonomía por la que llevan trabajando desde el último año. Podría ser tanto el pago una compensación económica, como la cesión de una pequeña participación. Pero el valor de los activos de dicha gran entidad sin fines lucrativos no están claros. En alguna ocasión, la compañía que ha desarrollado ChatGPT ha mencionado que, en ese caso, le daría “acciones de la PBC sobre una valoración justa determinada por asesores financieros independientes”.
La disputa legal entre los dos multimillonarios prosigue. El equipo de Altman ha llevado a la vía judicial los intentos de Musk de arruinar su estrategia. En sus alegaciones, resaltan la hipocresía del propietario de Tesla, quien está jugando con las dos caras de la moneda a la vez. Por una parte, trata de impedir que OpenAI pase a ser una empresa con intención lucrativa. Pero por la otra, quiere comprarla.
La decisión de frustrar en un movimiento inesperado el propósito de Altman es firme. Pero el equipo de Musk ha sostenido que retirarán la oferta de compra si el consejo que administra OpenAI se compromete a «preservar la misión de la organización sin ánimo de lucro y retirar el cartel de ‘se vende’ de sus activos deteniendo su conversión». No obstante, también está dispuesto a subir su oferta si aparecen otras propuestas equivalentes: «De lo contrario, la organización benéfica debe ser compensada por lo que un comprador en condiciones de igualdad pagaría por sus activos», manifestó Musk el miércoles a última hora.
Por ahora, a pesar de haber criticado a su rival, el equipo de Altman no ha rechazado oficialmente la oferta del magnate sudafricano. El directivo de la firma de inteligencia artificial se ve en una encrucijada. Según señala The New York Times en base a documentos que asegura haber consultado, el pliego de condiciones de la última ronda de financiación de OpenAI dictaminaba que la conversión de corporación sin ánimo de lucro a PBC debería cumplirse en menos de dos años. Si no, las participaciones recabadas tendrían que ser devueltas, lo que le generaría una gran deuda.





