El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el Plan de Acción por la Democracia, con medidas que incluyen la regulación de la publicidad institucional en España, limitando la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, «para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes», tal y como señaló el presidente.
Desde la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), defienden la transparencia en la asignación de presupuestos publicitarios desde el ámbito de la Administración Pública. «Es crucial que la distribución de la publicidad institucional se base en datos claros y objetivos sobre la audiencia y la difusión de cada medio», comentó Manuel Sala, director general de OJD. «Esto no solo asegura que los fondos públicos se administren de manera responsable, sino que también promueve la diversidad y la pluralidad informativa en el ecosistema mediático».
Desde la OJD destacan que si bien hace falta conocer más detalles, esta medida podría ayudar a eliminar posibles sesgos en la asignación de la publicidad institucional. Garantizando que los medios, independientemente de su tamaño u orientación editorial, tengan igualdad de oportunidades para acceder a estos fondos. «Siempre y cuando cumplan con los estándares de transparencia y calidad exigidos, a saber: que su propiedad sea conocida y que su audiencia sea cierta, es decir, que estén auditados por un tercero independiente», argumenta Sala.
El «Plan de Acción por la Democracia» despierta dudas
Pero, el plan del Gobierno también genera dudas. Por ejemplo, desde la Asociación de Prensa de Madrid mantienen reservas sobre quién determinará la retirada de fondos públicos a medios que difundan bulos. «Reiteramos la petición de ser escuchados antes de que se concreten las medidas anunciadas por el presidente», detallan en un comunicado.
La APM destaca así mismo que, si bien comparten la necesidad de combatir la desinformación, una realidad que no tiene nada que ver con el buen ejercicio del periodismo, rechaza «que se pueda actuar desde el poder contra quienes honestamente publican informaciones contrastadas, aunque resulten molestas para los poderes públicos».
Así mismo, representantes de más de 35 organizaciones en España firmaron un manifiesto donde solicitan «medidas urgentes» para mejorar la salud democrática, señalando que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática. Estas explican que resulta «preocupante» que se esté diseñando el plan con una naturaleza «poco democrática».
«Parece desafortunado no haber consultado durante su elaboración a la sociedad civil ni a las organizaciones especializadas en calidad democrática, cuando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones se sustenta en principios fundamentales como la transparencia, la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas», aseguran en el manifiesto, donde reclaman que las medidas del «Plan de Acción por la Democracia» deben desarrollarse de forma colaborativa, inclusiva, urgente y prioritaria, para promover la transparencia, la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
¿Cómo afecta esta medida al sector publicitario?
Desde MarketingDirecto.com nos hemos puesto en contacto con algunas de las principales asociaciones del sector del marketing y los medios, para conocer sus perspectivas sobre esta medida del Gobierno y los posibles efectos de la misma en el sector.
La Asociación de Marketing de España (AMKT), compartió con este medio que «desde el punto de vista de los directores de Marketing, entendemos que, en principio, la propuesta de regulación de la publicidad institucional que traspone una directiva de la UE no debería de tener efectos apreciables en su tarea diaria».
Pero, señalan que esta sí podría tener algunos efectos indirectos, en principio positivos. «Por ejemplo, la reducción de títulos que viven de la publicidad institucional y no de una honesta explotación de su tráfico real, crearía un mercado mediático más sano. Igualmente, conocer cuáles son los propietarios de todos los títulos puede ser una información útil en algunos casos para anunciantes no muy expertos. Todo esto, claro está, siempre que la trasposición y su aplicación se realicen correctamente», aseguran.
